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EXCLUSIVA. La Secretaría de Derechos Humanos provincial apunta a probar la existencia de un circuito represivo regional
Presentaron la denuncia por los centros clandestinos

Finalmente ayer fue presentada la denuncia destinada a probar la existencia de centros clandestinos y de un circuito represivo regional durante la última dictadura. Lo hizo la Secretaría provincial de Derechos Humanos. En exclusiva, este Diario tuvo acceso a la documentación, que ofrece relatos y detalles estremecedores. La causa ahora está en manos del juez federal Juan José Comparato.

Claudia Rafael / EL POPULAR

A lo largo de más de cien carillas -que podrán ir acrecentándose con el correr de los días- la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia intenta desentrañar los mecanismos del horror que se vivieron en esta región entre 1976 y 1983. Finalmente, ayer esa cartera radicó la denuncia penal "por la posible comisión de delitos vinculados a la existencia de un circuito represivo ilegal que operó durante la última dictadura militar y que involucra a las ciudades de Las Flores, Azul, Olavarría y Tandil, por el cual se implementó un plan sistemático de desaparición forzada, tortura y muerte en las zonas bajo su jurisdicción".

Los firmantes de la denuncia -que ya está en manos del juez federal de Azul, doctor Juan José Comparato- son el propio titular de la Secretaría, Remo Carlotto y los letrados de la cartera, doctores Germán Córdoba y Eduardo Rezses. Y fue presentada por Córdoba y Norberto Urso, asesor e investigador, poco después del mediodía.

Si bien la causa apunta a probar judicialmente la existencia de Centros Clandestinos de Detención (CCD) en la región, en la documentación -a la que accedió EL POPULAR en forma exclusiva- aparecen nombres y fechas, lugares, cargos y algunas responsabilidades directamente relacionadas con el accionar de las fuerzas de seguridad en esos años. Y que a la larga, llegada una segunda etapa de la causa, llevarán a deslindar responsabilidades al momento de imputaciones; teniendo en cuenta inclusive que días atrás la Corte Suprema de Justicia declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Pero además, la denuncia desentraña también otros nombres e historias: las de profundo dolor de algunas de las víctimas, a partir del testimonio de los sobrevivientes o de los familiares de desaparecidos. Y ofrece también pruebas testimoniales a través de integrantes de las fuerzas de seguridad arrepentidos y técnicos que eran a veces contratados para arreglos y trabajos puntuales.

La red

Página tras página dentro de esa concienzuda documentación se van desnudando las más complejas tramas de funcionamiento del terrorismo de Estado: "Surge con total nitidez que durante la última dictadura militar se estableció en todo el país un circuito represivo ilegal que operó de manera coordinada y sistemática sobre todo el territorio nacional y que, a su vez, en la Provincia de Buenos Aires existía un circuito represivo que incluía las zonas de Las Flores, Azul, Olavarría, Tandil", dice la denuncia en uno de los tramos descriptivos iniciales. Y da cuenta entonces un listado de lugares de detención clandestinos que, sin embargo, con el correr del tiempo podrían incrementarse de lograr testimonios fehacientes que probaran la actual presunción de existencia de otros más. Hasta el momento, entonces figuran: Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sede en la ciudad de Las Flores; el CCD "Monte Peloni", ubicado en Sierras Bayas, Olavarría; Comisaría Primera, de Olavarría; la Unidad Regional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sede en Azul; la vieja estación del Ferrocarril Provincial de Azul; el Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul "Coronel Chilavert"; el CCD, "La Huerta", en Tandil; la Base Aérea Militar Tandil.

Los relatos de quienes estuvieron en los distintos "chupaderos" van conduciendo por los vericuetos del terror: se va demostrando así como un detenido de una determinada ciudad era conducido de un centro clandestino a otro en una red que página tras página se va apuntando a demostrar. Entonces no llama la atención ver cómo en ese circuito un conscripto era detenido en su casa, en Mar del Plata, a las tres de la mañana durante una licencia y era llevado luego a la Estación del Provincial, en Azul; de allí al CCD Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul, Coronel Chilavert y que el recorrido de un lugar a otro fue compartido con otros jóvenes como él, todos sometidos a un mismo simulacro de fusilamiento en distintas ocasiones y a comunes torturas.

O el recorrido de un joven detenido en su domicilio, en Monte, y llevado también a diversos lugares a bordo de un Falcon bordó. En el camino -relata- "mis secuestradores se detienen presuntamente ante la Comisaría local, lugar identificable entonces por las lomas de burro que se colocaban en sus proximidades"; luego siguen rumbo a Las Flores en donde habría permanecido cuatro o cinco horas en un lugar que él dedujo se trataba del puesto caminero y más tarde, fue llevado a la Unidad Regional Azul de la Policía de la Provincia. "Desde mi lugar de detención se escuchaba el tañido de las campanas de una capilla que hay en las inmediaciones así como el movimiento de trenes que se registraba en la playa de maniobras del FCNG Roca, a dos cuadras de distancia aproximadamente".

Uno de los pilares a nivel de nexo con otros CCD fue la Brigada de Investigaciones de la Policía de Las Flores que -se lee en la denuncia- "ubicada casi en pleno centro de Las Flores, funcionó como distribuidora de prisioneros hacia distintos CCD". Algunos desaparecidos, de allí fueron trasladados a La Plata (tal el caso de los matrimonios Rubén Villeres - Graciela Folini y Juan Carlos Ledesma - Isabel Gutiérrez) mientras que "el masivo grupo de olavarrienses, en cambio, que habían militado dentro del área 124 (N. de la R.: subzona militar perteneciente a las divisiones establecidas por las Fuerzas Armadas) fueron enviados a Monte Peloni, en Sierras Bayas".

Luz y guirnaldas

Si bien hay detalles y relatos que fueron conocidos públicamente con anterioridad surgen dos cuestiones clave: por un lado, resulta estremecedor leer todos los relatos de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos y asesinados uno detrás de otro como parte de una misma telaraña represiva. Pero además, se incluyen en la denuncia los relatos de otro tipo de testigos: un ex suboficial de la Policía de la Provincia (ver aparte) y un técnico contratado para arreglos de aparatos por el Ejército.

La electricidad fue uno de los elementos fundamentales para las sesiones de tortura en aquellos tiempos de terror. Y uno de los testimonios reveladores sobre roles, víctimas y victimarios fue aportado justamente por un electricista que, desde la observación fue reconstruyendo mucho de lo ocurrido entonces. Fue, por ejemplo, partícipe directo de las instalaciones eléctricas imprescindibles a la hora de montar el tristemente conocido CCD Monte Peloni. "Que a tal efecto montó un equipo electrógeno, poniendo guirnaldas con focos en la parte exterior del edificio principal y camas con elásticos de alambre en otro más pequeño. Que funcionando ya ese sitio como cárcel clandestina de detención y de tortura, se dañó el equipo electrógeno y tuvo que concurrir a arreglarlo a ese lugar, que era custodiado solamente por oficiales y suboficiales y que pudo ver que estaban detenidos allí varios individuos, identificando inmediatamente al soldado conscripto Rubén Horacio Sampini y a Araceli Lilia Gutiérrez, alias "La Poquito", que era la única mujer; todos los detenidos se encontraban en pésimo estado físico con las muñecas atadas a las camas de resortes y vendados los ojos". Y agrega conocer que "los torturadores eran suboficiales del Regimiento".

Entre los numerosos nombres que aparecen citados a lo largo de la denuncia, el de Omar Ferreyra surge en boca de dos de las víctimas. En un caso aparece citado por un ex conscripto secuestrado quien lo menciona como "un Sargento Ferreyra, al que le apodaban por comentarios entre soldados El Pájaro". En el otro caso, es citado simplemente como "Pájaro", en el testimonio de la misma sobreviviente que reconoció públicamente al funcionario comunal durante el programa televisivo nacional Punto Doc.

En las próximas semanas se irán agregando seguramente nuevos datos, elementos y testimonios que abonen aún más la certeza de los denunciantes de la existencia de un "plan sistemático" del Estado de aquellos años. Luego, llegará el tiempo de la querella que será patrocinada por los abogados olavarrienses Martín Dambolena y María Isabel Gainza en representación de sobrevivientes y familiares de víctimas de la región.

Y quién sabe si finalmente se cumplirá aquello que los abogados usan como histórico y naturalizado formulismo en sus presentaciones legales, pero que hoy se puede leer en la última de todas las páginas de esta denuncia: "Será justicia".

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